III. EL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL Y SUS NÚCLEOS DE PODER
- III.1. LA URDIMBRE EN SUS ORÍGENES
- III.2. LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS: ANILLOS EXTERIORES Y ANILLOS INTERIORES
“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía”. -John Fitzgerald Kennedy.
"Los grandes bandidajes solamente pueden darse en naciones democráticas en las que el gobierno está concentrado en pocas manos".
Alexis de Tocqueville
"Guste o no, tendremos un Gobierno Mundial. La única cuestión es si será por concesión o por imposición"
James P.Warburg
"Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de criminales a gran escala? Y esas bandas ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos. Abiertamente se autodenominan entonces reino, título que a todas luces les confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Con toda profundidad le respondió al célebre Alejandro un pirata caido prisionero, cuando el rey en persona le preguntó: ¿qué te parece tener el mar sometido a pillaje? Lo mismo que a tí, le respondió, el tener al mundo entero. Solamente que a mí, que trabajo en una ruin galera, me llaman bandido, y a tí, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador".
Agustín de Hipona
Aquí y ahora
En estos días Amnistía Internacional, organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos, recordaba una de las masacres ocurridas en Colombia. Según esta organización, “Amnistía Internacional ha instado hoy, 20 de febrero (de 2008), al gobierno colombiano y a los grupos armados implicados en el conflicto interno del país a que respeten el derecho de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a regresar sin peligro a la vereda de Mulatos, tres años después de que la masacre del 21 de febrero de 2005 obligara a algunos de ellos a abandonar sus tierras.”
Este es un ejemplo de las atrocidades y el irrespeto a las personas que se declaran ajenas al conflicto. En este caso las masacres estuvieron a cargo principalmente por las fuerzas paramilitares apoyadas por el presidente Uribe de Colombia y también contra esta comunidad habían actuado las FARC.
También la ACNUR de las Naciones Unidas hace un recuento de las atrocidades sufridas por la población en diferentes eventos, asesinatos y masacres sin sentido.
En una primera aproximación pareciera que en Colombia se experimente el dicho de Mahatma Gandhi, que señala que si practican el ojo por ojo pronto todos terminaran ciegos. El aquí y el ahora de Colombia es ese. Las Autodefensas paramilitares, a la orden del presidente Uribe, aterrorizan a una parte de la población; las FARC y el ELN aterrorizan a la otra parte de la población.
En este sentido, en el aquí y ahora, se comete un error al tomar posición por uno u otro bando, vistas las matanzas sin fin que cometen unos y otros. Muchas de las matanzas corresponden a una competición por el control del cultivo y procesamiento de drogas. La oposición venezolana cuando, por efectos de la polarización con el régimen de Chávez, apoya al gobierno colombiano, simplemente le hace un favor a Chávez.
Historicidad
La guerra colombiana se remonta hasta los años 1950, en que asesinan al candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. El pueblo bogotano se levanta, el tumulto se extiende y al final hay una gran masacre. Se cuentan por miles los muertos. A partir de allí los sobrevivientes huyen y se forma el grupo guerrillero mandado por Tirofijo que actualmente es conocido como las FARC. Se podría decir que el asesinato de una persona, Jorge Eliecer Gaitán, no justifica un levantamiento general, pero hay fuertes antecedentes que indican que las cosas necesariamente tomaron ese rumbo.
En “Cien años de soledad”, la novela que le dio al escritor colombiano Gabriel García Márquez el premio Nobel de literatura, se revela un episodio que nos puede aclarar la violenta reacción del pueblo colombiano. Allí se habla de una gran masacre cometida contra los trabajadores colombianos a raíz de una huelga en la empresa United Fruit en el cultivo de banano. Según García Márquez fue reprimida por el ejército colombiano una manifestación con miles de asesinados. Una espantosa masacre. De esta manera vemos que el Estado colombiano es reo continuado de masacres contra su propio pueblo. Pero aquí hay otro actor en la violencia colombiana: el empresariado norteamericano salvaje, en las ejecutorias de la United Fruit.
Si vemos los documentales históricos sobre los industriales exitosos estadounidenses, encontramos en los ferrocarriles toda una época de violencia donde se decidía a cañonazos quien colocaba una línea de trenes. También se destacan las prácticas de los industriales estadounidenses de sobornar gobernadores, legisladores y jueces. Asimismo esta historia se repite en el área de la industria de las comunicaciones con las batallas por el poder entre los distintos actores. El gran monopolio de Morgan Chasse en el acero con el monopolio de Rockefeller en el petróleo. En los últimos tiempos los vencedores de todas estas masacres se han agrupado en el gran monopolio o trust de Morgan-Rockefeller-Chasse que agrupa las empresas y bancos más importantes de Estados Unidos y del mundo.
En un reporte de The Wall Street Journal, Las Américas, por María Anastasia O'Grady, Septiembre 23 de 2005, Página A17, se reconoce el lanzamiento por la fuerza aérea de Colombia de una (o más) bombas de “racimo” en un combate cerca de la aldea de Santo Domingo en el Dpto. del Arauca. También reconoce la periodista la presencia en el combate de un avión de la empresa Scan Air dependiente de la compañía petrolera Occidental Petroleum, que se ocupa de resguardar el oleoducto que pasa por la región. Según el artículo del Wall Street Journal (WSJ), en el combate hubo 17 muertos y que también un informe de FBI concluyó que las heridas de los muertos sugirieron que fueron víctimas de una bomba de racimo.
Es conocido que Colombia no fabrica bombas de racimo, también según WSJ estaba presente en el combate el avión norteamericano de la Scan Air. Esto presenta el cuadro de la presencia de la violencia extrema de los industriales norteamericanos, dándole el carácter sangriento y homicida a la guerra interna de Colombia.
Una segunda característica de la historicidad del conflicto es el carácter marxista–leninista de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto les da una cierta tecnología para acercarse al pueblo y convertirse en vocero del mismo. También su enfoque de la lucha de Liberación Nacional, le abre las puertas para compartir con una parte del sector industrial colombiano, no-dependiente de las empresas y bancos norteamericanos.
Pero el enfoque marxista leninista también tiene sus fallas y están ubicadas en las experiencias deplorables de los países “socialistas” que han realizado el ideal de las FARC. Por mucho poder que tiene el marxismo-leninismo, es imposible tapar el sol con una ideología. Una parte importante de la población colombiana está completamente consciente del fracaso de los regímenes socialistas. Los que no comparten con las FARC incluyen personas librepensadoras, de credos religiosos y otros que no han sido adoctrinados en el marxismo-leninismo. A pesar del rechazo a las atrocidades del ejército colombiano, el Estado encuentra campo propicio para reclutar combatientes refractarios a las ideas y prácticas de las FARC. Esta situación de apoyo y rechazo de las FARC, podría ayudar a explicar el estancamiento de la guerra en Colombia.
El narcotráfico es una complicación más en la guerra colombiana. Las fuerzas que luchan por el cambio en Colombia han sido reprimidas con una política de exterminio. De esa manera, Colombia se queda sin opciones de cambio en extensas regiones. También, como dijimos antes, la poca credibilidad del marxismo-leninismo fuera de los adoctrinados. Esto abre paso a acciones puramente económicas. En la parte económica, Colombia -al igual que las demás repúblicas latinoamericanas- vive en una permanente crisis. La relación entre dos economías una de mayor desarrollo, de mayor innovación, de mayor técnica, produce que el circulante desaparece de los países y las zonas de menor nivel productivo. El circulante va a tener al país más desarrollado. De esta manera se produce un amplio sector de la población viviendo en la más absoluta miseria. Como paliativo, el país más desarrollado instala maquilas que aprovechan la mano de obra barata. En esta situación, muchos colombianos han optado por el tráfico de drogas que les produce los ingresos que nunca tendrían. El éxito de la droga ha sido tan fuerte que ambos contendientes en la búsqueda de apoyo popular, tanto las FARC como el Estado colombiano, han optado por participar del tráfico ilícito de estupefacientes.
El odio popular a los Robber Barons era en aquellas épocas enorme. Se trataba cada vez más de una casta monopolista en sus diferentes actividades, de un verdadero equipo que se ayudaba solidariamente entre sí, cuyos vástagos se casaban entre sí a fin de que no se diseminaran las fortunas familiares.
______________________Un centenar de poderosos clanes familiares en Bolivia, poseen 25 millones de hectáreas de tierra y controlan la en los pragroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, que actualmente se constituyen incipales opositores al proceso de cambio que encara el Gobierno de Evo Morales.
La revista Etnias de Colombia publica que estas de familias en Bolivia, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), poseen en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos e indígenas bolivianos.
Paradójicamente, estos dos millones de campesinos e indígenas trabajan en cinco millones de hectáreas, subsisten en los minifundios degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
La publicación, que fue recogida de Econoticias – Bolivia, señala que estas familias acaudaladas tienen un poder enorme, especialmente en Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia y donde se concentran las tierras más fértiles, los bosques y enormes yacimientos de gas, petróleo, minerales y biodiversidad.
Señala que es precisamente en Santa Cruz donde se concentra el epicentro de la conjura secesionista en Bolivia, que tiene fuertes rasgos de racismo en contra de las regiones del occidente, principalmente La Paz.
La publicación asegura que al amparo de bandas fascistas, los clanes familiares cruceños controlan la tierra, los negocios urbanos y el poder político, concentrado en las prefecturas y comités cívicos de la denominada “media luna”.
En Santa Cruz, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sólo 15 acaudaladas familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es de 20 mil hectáreas y en las que viven un millón de personas.
El informe habla de las familias Saavedra Bruno, Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y Elsner.
La familia Monasterios, por ejemplo, controla una superficie de tierras tres veces mayor a la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz.
Mucha de esta tierra le fue entregada en calidad de dotación (gratuitamente) por los gobiernos militares y neoliberales, en un abierto tráfico de influencias, según la explicación del INRA y del Viceministerio de Tierras.
Otros que acumulan las tierras son los Gutiérrez (96 mil hectáreas), Paz Hurtado (76 mil), Gasser Bowles (72 mil).
Estos datos publicados por Econoticias Bolivia señalan que tan sólo los clanes de los Guiteras, Monasterios, Leigue, Yañez, Majluf, Antelo, Asbún y Salas Abularach se han apoderado de 3,1 millones de hectáreas en Santa Cruz y Beni.
En promedio, en Bolivia, una familia de terratenientes detenta un cuarto de millón de hectáreas (250 mil) de tierra fértil, en tanto que una familia campesina apenas posee una hectárea con poca capacidad productiva.
AMOS DE LA TIERRA Y DE LA VIDA
Entre estos grandes potentados, según la publicación, también está el clan de los Marinkovic, que poseen, sin papeles legales, más de 26 mil hectáreas en la región oriental, seis mil hectáreas más que toda la superficie de la capital cruceña.
Según el director de Tierras del Ministerio de Desarrollo Rural, Kliver Rocha, la familia Marinkovic no posee los títulos de propiedad sobre las tierras que reclama como si fueran suyas, siendo ilegal su intención de alambrar 14 mil hectáreas del pueblo de los guarayos.
El clan croata de los Marinkovic ha colocado a uno de ellos, a Branco, a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz, y es, junto al prefecto cruceño, Rubén Costas, la cabeza visible del movimiento secesionista y conspirador.
Todos estos clanes familiares se han apoderado de las zonas más fértiles y son, literalmente, dueños de tierras, ríos, bosques, haciendas y vidas en el oriente boliviano, a pesar de los tímidos reparos de las autoridades gubernamentales.
“Los ríos, lagunas y caminos son servicios públicos, son del Estado, y por tanto no son susceptibles de apropiación privada”, dice Rocha.
OLIGARQUÍA
El poder de los 100 clanes familiares, que emerge desde la tierra, se ha desarrollado en los últimos años con el creciente control y dominio que ejercen en el conjunto de la agropecuaria exportadora, la industria, la explotación sin límite de la riqueza forestal, el comercio exportador, la banca y los grandes medios de comunicación.
Los Marinkovic, por ejemplo, junto al clan de los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soya y girasol, uno de los ejes del agropoder oriental.
Poseen, además, casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, además de otros lucrativos negocios.
La ganadería cruceña está en manos de los Kuljis, Áñez y Monasterios, tanto por la magnitud de sus hatos ganaderos como por el control que ejercen sobre los mataderos, frigoríficos y cadenas de supermercados. Todos ellos ligados a los gobiernos neoliberales.
Los Kuljis son accionistas del Banco Económico, propietarios de la papelera Empacar y de una gran curtiembre, dueños de la cadena televisiva red Uno y de la Universidad cruceña Mateo Kuljis.
Los Monasterios son dueños de grandes frigoríficos, accionistas mayores del Banco Ganadero y propietarios de la red televisiva Unitel, desde donde dirigen el mayor ataque mediático contra la gestión gubernamental de Evo Morales.
Los datos del INRA, muestran que la familia Monasterio poseía en Santa Cruz 78.340 hectáreas en el departamento, y en la capital tenía otras 20.505 hectáreas.
Otros que tienen gran peso en la banca son los Saavedra Bruno, que controlan casi la quinta parte de las acciones del Banco Nacional de Bolivia, el más antiguo del país.
Los informes de la Superintendencia de Bancos confirman el enorme peso que tienen los latifundistas en el paquete accionario de los bancos nacionales y muestran, además, que usan estos mecanismos para potenciar sus negocios y consolidar su poder.
No extraña, por ello, que más de la mitad de los créditos otorgados por toda la banca hayan sido destinados a pequeños grupos empresariales de Santa Cruz y menos de la mitad a los otros ocho departamentos del país.
CON CAPITAL TRANSNACIONAL
Todos estos clanes familiares están fuertemente penetrados por el capital transnacional, no sólo por el origen de muchos de ellos que provienen de descendientes de inmigrantes europeos (alemanes, croatas y serbios), sino también por sus articulaciones con empresas extranjeras.
No es extraño, por ello, que un tercio de la producción y exportación de soya y oleaginosas esté bajo el control de empresarios brasileños, varios de los cuales alquilan y/o compran tierras a los latifundistas nacionales
Otro tercio de la producción y exportación de tierras está bajo el control de empresarios argentinos y rusos y de pequeños productores menonitas y japoneses.
DUEÑOS DEL BENI
Más al norte, en las fecundas llanuras del departamento del Beni, la situación no es diferente. Allí es el reino de los clanes de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien, Ávila, Nacif, Antelo, Salek.
En el Beni, 10 familias tienen un poco más de medio millón de hectáreas (534 mil), que es, en extensión, 500 veces más grande que toda la mancha urbana de la ciudad de Trinidad, la capital beniana.
En esta región, como en Santa Cruz y Pando, una vaca vale más que una familia campesina. El poder político y económico se reparte entre padres, hermanos e hijos.
Unos son autoridades regionales, otros diputados y concejales, además son jefes militares y dueños de empresas.
Allí también imperan los Gasser, Elsner, Carruty y los Bauer Elsner. Todos ellos, que provienen de familias europeas, son los dueños de los principales negocios, accionistas de la banca y manejan a su antojo los cargos públicos, la justicia, la prensa y la administración pública.
El informe de Econoticias indica que no es casual, por ello, que el prefecto de Beni sea uno de ellos: Ernesto Suárez Sattori, un ganadero latifundista y ex parlamentario de la fascista ADN (Acción Democrática Nacionalista del ex dictador Hugo Banzer), además yerno del ex ministro y ex adenista, Wálter Guiteras.
DUEÑOS DE PANDO
Al norte de Bolivia, en Pando, es el reino de los Sonnenschein, Fernández, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que gobiernan de la misma forma que sus pares de Santa Cruz y Beni.
Estas ocho familias concentran cerca de un millón de hectáreas de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la extensión de la capital Cobija, donde gobierna con ellos otro millonario ganadero, el ultraderechista y es adenista de Hugo Banzer, Leopoldo Fernández, quien fue parlamentario varias veces y ex ministro.
Según la revista el prefecto Fernández es uno de los amos y señores de Pando y su influencia es tal que incluso el propio presidente Morales le ofreció, hace un año y medio, que sea candidato por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para gobernar la rica región fronteriza con Brasil. Fernández lo rechazó, él no quiere nada con los indios.
=============================================================================
El más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), difundido hoy, establece que la distribución de la tierra es tan desigual en el país, que menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas -casi todas indígenas- apenas si tienen acceso a este recurso natural y trabajan en cinco millones de hectáreas.
Esto quiere decir que las 100 familias de poderosos oligarcas, que tienen fuertes lazos con el poder político y económico y están asentados en todo el país y en especial en el oriente, disponen de cinco veces más de tierras que los campesinos pobres, que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobre-explotación agrícola y la baja productividad.
La aguda desigualdad en el acceso a las tierras aptas para la agricultura y ganadería explica, en parte, la cruel ironía que vive Bolivia, al contar con un territorio extenso y extremadamente rico, dotado de grandes riquezas naturales y una envidiable diversidad, y una mayoría de su población extremadamente pobre.
Según el informe de Naciones Unidas, esta aguda desigualdad, entre unos pocos que tienen mucho y los más que casi no tienen nada, es el motor de los constantes conflictos que vive el país y la causa principal de su inestabilidad política y social. Los especialistas advierten, además, que la persistencia de estas desigualdades torna inviable la democracia y la convivencia pacífica.
La oligarquía terrateniente
A despecho de 50 años de reforma agraria, el agro boliviano está partido en dos, parcelado entre los gigantescos latifundios, la mayor parte de ellos improductivos, y cientos de miles de pequeñas propiedades campesinas que ya no abastecen para los agricultores indígenas. Pese a ello, la economía campesina aporta más alimentos y producción agrícola al mercado local, que la producción de los latifundios que prefiere la exportación de soya y los cultivos de arroz, azúcar, algodón y la depredadora explotación de maderas preciosas.
Según los datos recogidos hay al menos 250 mil campesinos sin tierra, que deambulan en los barrios más pobres de las ciudades y que constantemente ocupan tierras de los latifundistas, de las que son desalojados a bala y látigo por los mercenarios contratados por los terratenientes y por el Ejército y la Policía, que resguardan los mismos intereses, aunque sin costo alguno.
Y es que los clanes familiares que se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia tienen enorme poder en las instituciones públicas y entidades privadas. Así, han mantenido una poderosa e invariable influencia en el Ministerio de Agricultura, en la Superintendencia Agraria y en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, controlando la concesión de tierras y propiedades. Estas familias también tienen enorme peso en los partidos políticos de derecha y casi siempre han controlado el Congreso y el Gobierno.
Sin embargo, su mayor influencia está en las asociaciones empresariales de agropecuarios y productores agrícolas del oriente como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde donde controlan el poder regional y tejen alianzas con las empresas transnacionales del petróleo y el gas.
No es casual, por ello, que el poder latifundista y petrolero maneje a su antojo la región más rica de Bolivia como es Santa Cruz, y desde allí articule un proyecto secesionista en contra de las organizaciones sociales, laborales y populares del país que pugnan por la nacionalización de los hidrocarburos y por una nueva y genuina reforma agraria.
Estas dos consignas (nacionalización y reforma agraria) ya emergieron con fuerza en las revolucionarias jornadas de octubre del 2003 y de mayo-junio del 2005, que culminaron con el derrocamiento de los ex presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, fervorosos defensores de las petroleras y de los latifundistas.
Hambre de tierra
Entre campesinos e indígenas, la consigna mayor es la recuperación de las tierras y la segunda reforma agraria, expropiando a los grandes latifundistas. Con un 90 por ciento de la población indígena y campesina sumida en la pobreza, la sed de tierra está generando actualmente la ocupación de extensos latifundios improductivos, que están en manos de empresarios, militares y adherentes a las dictaduras de las décadas del 70 y 80, y del esquema neoliberal de los 90.
'Esas tierras las vamos a ocupar, si es que el gobierno no tienen la capacidad y la voluntad política de revertir estas propiedades que no cumplen ninguna función económica y social, y sólo sirven para negocios y tráfico de tierras', dijo hace un tiempo el líder de los campesinos sin tierra, Angel Durán.
'Estas concesiones a propietarios grandes no son trabajadas agrícolamente (más del 95 por ciento están sin trabajar) y se encuentran generalmente en manos de especuladores, que guardan esas buenas tierras agrícolas para venderlas posteriormente, cuando el Estado las beneficie con caminos y otro tipo de infraestructura', dice convencido de que el único camino viable para que haya paz y progreso en el campo es la reforma agraria.
Las autoridades de la Superintendencia Agraria y del Ministerio de Agricultura avalan, con datos precisos, que la mayor parte de estos neolatifundios se levantaron en base a concesiones ilegales y prebendales de tierras.
Minifundio empobrecedor
En cambio, en el occidente del país, la tierra va perdiendo su fertilidad y ya no abastece para los campesinos, que están transitando dolorosamente del minifundio al 'surcofundio'.
'El proceso de fragmentación extrema de la tierra en el altiplano y los valles, en superficies cada vez menores, presenta problemas para la aplicación de tecnologías más eficientes, las cuales posibilitarían la generación de excedentes y la acumulación de capitales', señala un informe oficial al que tuvo acceso esta agencia
El minifundio y la crisis productiva están condenando a la ruina a la economía campesina del altiplano y los valles, donde predomina una bajísima productividad, reina la pobreza y crece el descontento.
A 50 años de la reforma agraria, que intentó redistribuir equitativamente la tierra en Bolivia, se generó un proceso de fragmentación de la tierra tan extremo y acelerado en estas regiones que, según un informe del Ministerio de Agricultura, surgen cada año 16 mil nuevos minifundios, lo que dificulta los procesos productivos y los torna inviables en muy corto tiempo.
Hoy, en promedio, cada campesino del altiplano y los valles tiene mucho menos tierra que antes, por lo que se está dando también un acelerado proceso de abandono de las áreas tradicionales y una fuerte migración del campo a las ciudades y del occidente al oriente.
El resultado de este proceso es el ensanchamiento de los cinturones de pobreza y marginalidad en las principales ciudades y crecientes conflictos por la posesión de tierras especialmente en el oriente, según establecen diversos estudios.
Diferencias abismales
En los últimos años, esta extrema desigualdad e inequidad existente en área rural ha potenciado las abismales diferencias de ingresos en el área urbana y en todo el país. El Informe del PNUD establece que el ingreso del 10 por ciento más rico de la población supera 90 veces al ingreso del 10 por ciento más pobre.
Estas diferencias basadas en la riqueza son el primer eslabón de un ciclo de desigualdad que persigue a la gente durante toda su vida, apunta el estudio. Y esto se repite de manera dramática en todas las esferas de la vida de los bolivianos. Las mujeres de hogares pobres tienen mucho menos probabilidad de recibir atención prenatal y en el parto por personal médico especializado y sus hijos tienen también menos probabilidad de sobrevivir y completar la escolaridad, y los niños que no la completan tienen más probabilidades de percibir menores ingresos. Así, el ciclo de privaciones se transmite de una generación a otra, señala el documento.
Respecto de la educación, se informa que si bien en promedio los bolivianos tienen entre cinco años y cinco años y medio de escolaridad, existe una diferencia de siete años de escolaridad media entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población.
La tasa de pobreza, que había disminuido a 48,7 por ciento en 1999, aumentó a 61,2 por ciento en 2002. La cifra es más alarmante si se considera a la población indígena: el 88 por ciento es pobre.
Las cifras también reflejan las desigualdades entre las zonas rurales y las urbanas. Por ejemplo, "las tasas de mortalidad son 1,9 veces mayores entre los niños del campo que entre los que viven en la urbe".